La participación ciudadana en la constitución dominicana

7 May 2011 by , Comments Off

Participación significa que la gente sea parte integral de los procesos económicos, sociales y políticos. La clave está en que las personas tengan acceso a la toma de las decisiones que afectan sus vidas. La participación en ese sentido (es) un elemento esencial del desarrollo humano.1

En la República Dominicana, los procesos de reformas institucionales iniciaron con la década de los ’90 del siglo pasado, como parte de la transición democrática iniciada tímidamente con la caída de la dictadura en 1961, teniendo una expresión más concreta con la superación de los gobiernos autoritarios a partir 1978. En el año 1994 el país vivió una crisis política que provocó la modificación de la Constitución de la República, se prohibió la reelección y se separaron las elecciones congresuales y municipales de las presidenciales. La sociedad civil, por su parte, apoyada en diversas instancias organizativas, también logró avances significativos en la identificación de estrategias para reclamar espacios de participación, convirtiéndose en uno de los fenómenos más novedosos de la política dominicana en las últimas décadas.

Uno de esos logros es la consagración de la participación ciudadana en un conjunto de leyes creadas durante este período, entre la cuales sobresalen: la Ley General de Educación (Ley 66 de 1997); la ley 42-01 (Ley General de Salud); la Ley de Planificación e Inversión Pública (Ley 498-06).

Se puede afirmar que el país ha vivido un interesante debate sobre los temas de participación ciudadana, descentralización, gobernabilidad y el rol de la sociedad civil. Así, resaltan experiencias interesantes generadas a partir de la intervención de la ciudadanía, principalmente en el nivel municipal; tal es el caso del Presupuesto Participativo Municipal (PPM), el cual está consagrado en la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, permitiendo que este mecanismo de participación luego de haber sido legitimado socialmente en la práctica, obtuviera la legalidad que le otorga una Ley.

En ese contexto, en el año 2007 y en la etapa final del proceso de reformas mencionadas, se votó una nueva ley municipal, la cual incorpora la participación ciudadana como uno de sus principios y establece mecanismos específicos de participación ciudadana en la gestión municipal que tendrán que poner en práctica los ayuntamientos. “Los Ayuntamientos fomentarán la colaboración ciudadana en la gestión municipal con el fin de promover la democracia local y permitir la participación activa de la comunidad en los procesos de toma de decisión sobre los asuntos de su competencia”.2

En este orden, el artículo 227 de la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, ordena que los ayuntamientos favorecerán el desarrollo de las organizaciones de la sociedad civil, impulsando su participación en la gestión municipal, facilitándoles la más amplia información sobre sus actividades y, dentro de sus posibilidades, el uso de los medios públicos y el acceso a las ayudas económicas para el desarrollo de sus actividades en beneficio de la comunidad, y establece que el presupuesto municipal incluya una partida destinada a tal fin.

La ley 176-07 establece la creación de tres órganos municipales de participación ciudadana en la gestión municipal. El principal es el Consejo Económico y Social Municipal, concebido como un órgano de carácter consultivo, integrado por miembros del Ayuntamiento y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, cuya finalidad consiste en propiciar la participación ciudadana y comunitaria en los procesos de diseño de políticas públicas, de planificación, y en la toma de decisiones para la gestión municipal. También se establece la creación de los Comités de Seguimiento Municipal y los Consejos Comunitarios.

La ley municipal también exige la puesta en funcionamiento de cinco vías de participación ciudadana: el derecho de petición, referéndum municipal, plebiscito municipal, cabildo abierto y presupuesto participativo. Todas estas modalidades condicionan una mayor apertura en la gestión desde casi todas las instancias del ayuntamiento. Estas disposiciones de la ley han propiciado un aumento de la demanda de las organizaciones sociales en tener mayor participación en la gestión de su gobierno local.

Es en ese contexto, que durante el año 2009 se discute y aprueba una reforma constitución que da como resultado un nuevo texto constitucional, el cual a diferencia de la anterior constitución hace visible mecanismos que pueden viabilizar la participación de la ciudadanía en la definición de políticas públicas. Así, la Constitución de la República promulgada el 26 de enero de 2010 plantea desde el artículo 2 que: “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, de quien emanan todos los poderes, los cuales ejerce por medio de sus representantes o en forma directa, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes”.

Mientras que el Artículo 97 “establece la iniciativa legislativa popular mediante la cual un número de ciudadanos y ciudadanas no menor del dos por ciento (2%) de los inscritos en el registro de electores, podrá presentar proyectos de ley ante el Congreso Nacional. Una ley especial establecerá el procedimiento y las restricciones para el ejercicio de esta iniciativa”.

En la sección III sobre los mecanismos directos de participación local, el artículo 203 de la Constitución deja instituidos varios de ellos, mandando que “La Ley Orgánica de la Administración Local establecerá los ámbitos, requisitos y condiciones para el ejercicio del referendo, plebiscito y la iniciativa normativa municipales con el fin de fortalecer el desarrollo de la democracia y la gestión local”. Asimismo, el artículo 206 sobre los Presupuestos participativos establece que “La inversión de los recursos municipales se hará mediante el desarrollo progresivo de presupuestos participativos que propicien la integración y corresponsabilidad ciudadana en la definición, ejecución y control de las políticas de desarrollo local”

La Constitución Dominicana en su artículo 251 instituye la figura del Consejo Económico y Social, estableciendo que “La concertación social es un instrumento esencial para asegurar la participación organizada de empleadores, trabajadores y otras organizaciones de la sociedad en la construcción y fortalecimiento permanente de la paz social. Para promoverla habrá un Consejo Económico y Social, órgano consultivo del Poder Ejecutivo en materia económica, social y laboral, cuya conformación y funcionamiento serán establecidos por la ley”.

Finalmente la Constitución de la República Dominicana en su artículo 272 deja establecido el Referendo aprobatorio para aspectos específicos de una eventual reforma constitucional dejando establecido que “Cuando la reforma verse sobre derechos, garantías fundamentales y deberes, el ordenamiento territorial y municipal, el régimen de nacionalidad, ciudadanía y extranjería, el régimen de la moneda, y sobre los procedimientos de reforma instituidos en esta Constitución, requerirá de la ratificación de la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas con derecho electoral, en referendo aprobatorio convocado al efecto por la Junta Central Electoral, una vez votada y aprobada por la Asamblea Nacional Revisora”.

Con la descripción anterior podemos apreciar que la participación ciudadana en la constitución dominicana es una figura de reciente aparición, que la misma en sus aspectos más operativos queda limitada al ámbito municipal, mientras que para el nivel nacional solo establece la posibilidad de operar a nivel iniciativa legislativa y no aporta ninguna a posibilidad de control sobre el Ejecutivo, pues la figura del Consejo Económico y Social solo tiene un carácter consultivo.

Sin embargo, es de reconocer que aunque limitados, estos constituyen avances significativos que deberán ser ampliados y consolidados con la acción de la ciudadanía y que los enunciados generales establecidos en la constitución constituyen un reconocimiento a los derechos de participación ciudadana que pueden ser operativizados a través de las leyes vigentes que consagran la participación o mediante otros mecanismos que para tales fines puedan crearse.

[1] PNUD. Informe sobre desarrollo humano 1993. — Madrid: PNUD-CIDEAL, 1993.

[1] Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios

 

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